La legisladora Yussara Canales González del Partido Verde Ecologista propone una iniciativa para reformar el artículo 116 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en ella establece que el Procurador Ambiental de Jalisco deberá acreditar conocimientos específicos y al menos cinco años de experiencia en temas relacionados con el medio ambiente, requisitos que actualmente no se exigen para ocupar el cargo. De aprobarse, se garantizaría que el puesto sea ocupado por perfiles con la capacidad técnica para implementar políticas públicas efectivas.
“La crisis ambiental en Jalisco no puede combatirse con improvisaciones o designaciones políticas. Necesitamos profesionales que actúen con responsabilidad y compromiso. El medio ambiente no solo es un tema legal, sino un derecho humano esencial para garantizar el bienestar de las futuras generaciones”, expresó Canales González.
La iniciativa busca ser un primer paso hacia la profesionalización de los órganos responsables de la protección ambiental en Jalisco, sentando las bases para combatir la impunidad en este ámbito.
“Los riesgos ambientales derivados de la corrupción y el desinterés no solo dañan nuestro entorno, sino que perpetúan desigualdades sociales. La Procuraduría debe ser un bastión de lucha por el medio ambiente, no una plataforma para intereses políticos”, concluyó la legisladora.
Actualmente, el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente es designado por el Gobernador a propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, sin requerimientos mínimos de experiencia o conocimientos en el área. Esto, según Canales González, abre la puerta al nepotismo y la corrupción.
“Nos preocupa que en un estado con tantos problemas ambientales no se exijan criterios técnicos para un cargo tan importante. Esta omisión ha derivado en desigualdad social y ha afectado a los sectores más vulnerables de la población, quienes son los más perjudicados por los costos ambientales”, señaló la legisladora
En Jalisco, uno de los estados con mayores violaciones a los derechos humanos en materia ambiental. Entre 2016 y 2019, Jalisco concentró el 70% de las violaciones a derechos humanos relacionadas con el medio ambiente, según un estudio del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA). Las principales problemáticas identificadas incluyen la contaminación del agua, manejo inadecuado de residuos, pérdida de biodiversidad y daños a los suelos ocasionados por pesticidas.
En 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió 9,627 quejas, de las cuales 4,355 (45.2%) estaban relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano. Estas quejas derivaron en 35 recomendaciones. Además, el Índice Global de Impunidad Ambiental México 2020 colocó a Jalisco como el segundo estado con mayor número de delitos y violaciones ambientales, con 6,785 casos registrados entre 2016 y 2019.
El Congreso de Jalisco discutirá en los próximos días esta propuesta, que podría marcar un cambio significativo en la política ambiental del estado.